La usurpación de terrenos, ya sean públicos o privados, continúa siendo un problema preocupante en El Salvador. Numerosos propietarios se enfrentan a la frustración de ver sus propiedades ocupadas ilegalmente, y muchos de ellos han utilizado las redes sociales para expresar su indignación. Sin embargo, la situación se complica cuando los propietarios deciden solicitar el desalojo y las personas que han tomado posesión ilegal del terreno se resisten a abandonarlo. En este contexto, es fundamental analizar la relación entre el principio de legalidad, que garantiza la protección de los derechos fundamentales, y el delito de Apropiación o Retención Indebida.
El delito de Apropiación o Retención Indebida está claramente tipificado en el código penal salvadoreño. Este delito se encuentra en el marco legal vigente y se castiga con penas específicas. Sin embargo, hay un punto conflictivo en relación con este delito: el término «título» utilizado en el artículo 217 del código penal.
El legislador no ha proporcionado una definición clara de lo que se entiende por «título» en el ámbito del derecho penal. Esta falta de claridad entra en conflicto con el principio de legalidad, que establece que todas las acciones previstas en una ley deben ser precisas, estar por escrito y preceder al hecho en cuestión. Estas características no se cumplen plenamente en el artículo 217 del código penal, ya que la falta de certeza en la definición del término «título» genera ambigüedad y dificulta la interpretación de la ley.
Por lo tanto, es necesario tener un criterio más claro en relación con este artículo para evitar conflictos con el principio de legalidad y prevenir futuros obstáculos que podrían tener consecuencias aún más negativas que las que ya estamos observando.
Un caso reciente que está siendo investigado es el de la usurpación de más de 2,500 varas de un terreno privado ubicado en Carretera Ahuachapán, frente a la plaza El Bosque, en el caserío El Labio, La Labor. La propiedad, según los registros del CNR, pertenece a Inversiones Terranova, Sociedad Anónima de Capital Variable.
La investigación en curso tiene como objetivo determinar las circunstancias de la usurpación, identificar a los responsables y evaluar las pruebas presentadas. Además, se analizará la veracidad de los documentos presentados como «título» para respaldar la ocupación ilegal del terreno.
Es crucial que las autoridades competentes aborden este caso de manera diligente y justa, garantizando el respeto a los derechos de propiedad y aplicando la ley de manera imparcial. La usurpación de terrenos es un delito que afecta la seguridad jurídica y el desarrollo económico del país, por lo que es fundamental tomar medidas efectivas para prevenir y castigar este tipo de acciones ilegales.
Otro caso destacado recientemente fue el de la familia Closa, propietaria de 70 manzanas de terreno en la isla Tasajera, quienes presentaron una demanda por el delito de usurpación de inmuebles contra el presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) de esa comunidad. Durante una audiencia conciliatoria, la ADESCO se comprometió a informar a las familias sobre la situación legal de sus propiedades en dichos inmuebles y la necesidad de abandonarlos de manera pacífica y voluntaria, respetando los derechos de los propietarios según consta en el acta conciliatoria.
El tribunal acordó que este proceso se llevará a cabo en presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de coordinar la intervención y lograr la salida voluntaria de los ocupantes irregulares dentro de un plazo determinado.
Este caso ha generado gran atención en el país debido a la importancia de proteger los derechos de propiedad y garantizar un proceso legal justo. La familia Closa busca recuperar la posesión de sus terrenos y espera que las autoridades competentes actúen diligentemente para resolver este conflicto de manera pacífica y respetando el marco legal vigente.
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ESCRITURA LA LABOR ESCRITURA 15176487-00000
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Fotografía de referencia.
